Problemática de los usuarios de tarjetas de crédito en el Perú

Como profesional del asesoramiento financiero, que diariamente recibo en mi despacho a decenas de personas con serios problemas de sobre-endeudamiento, puedo afirmar, con conocimiento de causa, que a día de hoy las tarjetas de crédito se han convertido en uno de los peores enemigos del ciudadano medio peruano. Los problemas de sobre-endeudamiento se han debido no tan solo al uso irresponsable de las tarjetas de crédito por parte del consumidor, sino también, en gran medida, a la agresividad comercial de las entidades financieras para colocar este producto. Tanto es así, que no solo han facilitado el acceso a personas que por su nivel de ingresos difícilmente podían asumir las deudas contraídas, sino que progresivamente les han ido ampliando el límite del crédito. En resumen, han convertido en necesidad, lo que tradicionalmente era un capricho para un ciudadano medio. Por otro lado, las entidades financieras han fomentado el “carruseleo”, conscientes de que es un buen negocio el concederle crédito al consumidor, para que éste pueda cancelar las deudas de sus otras tarjetas de crédito. Todos salen ganando, menos el consumidor que tiene que pagar intereses sobre intereses. Cuando, finalmente, al consumidor se le agotan las posibilidades de conseguir otra tarjeta de crédito, con la que cubrir las deudas de las anteriores, la rueda se rompe. Las entidades de crédito, gracias a las tasas de interés elevadísimas que aplican a este producto, han recuperado el capital prestado con un rendimiento más que aceptable (durante el primer semestre de 2009, BBVA-Banco Continental ha obtenido una rentabilidad sobre recursos propios del 47,32% anual). Sin embargo, el consumidor queda estigmatizado, con un historial crediticio seriamente deteriorado, que le impide acceder a productos financieros más ventajosos para él. Si bien es cierto que la economía de mercado necesita libertad para desarrollarse convenientemente y crear riqueza; no lo es tanto la creencia de que el mercado se regula sólo. Si fuese así, no serían necesarios los tribunales de defensa de la libre competencia, existentes en prácticamente todo el mundo. Dicha libertad de maniobra operativa deja de serlo, pasando a ser libertinaje, cuando los intereses de unos pocos agreden a los de una mayoría. Este es el caso de los costos de las tarjetas de crédito, y los poderes ejecutivo y legislativo deben intervenir, sin demora, para evitar el comportamiento paralelo que están mostrando las distintas entidades financieras. Algunas medidas que podrían ponerse en marcha, para que las tarjetas de crédito dejen de ser un problema para el consumidor, serían las siguientes: MEDIDAS PREVENTIVAS: 1. Obligación de la entidad financiera de informar detalladamente al cliente, sobre los riesgos que conlleva una utilización inadecuada de la tarjeta de crédito. Dicha información debería difundirse obligatoriamente por medio de folletos explicativos, previamente a la contratación de las tarjetas de crédito; así como post-contratación de la mismas, mediante procedimientos similares a los utilizados en las campañas anti-tabaco: inscripciones en el dorso de la tarjeta (advirtiendo de los riesgos), a través de las pantallas de los cajeros automáticos (notificando no tan sólo la comisión por la disposición de efectivo, sino también de la tasa de interés que van a pagar por ella), etc. 2. Obligación de las entidades financieras de advertir, mediante anuncios bien visibles en sus oficinas y en sus páginas web, de que existen préstamos personales con costos mucho más bajos que los de las tarjetas de crédito. 3. Aplicación de un coeficiente máximo 1.25 sobre el interés compensatorio, para fijar el límite de la tasa moratoria. 4. Creación de una red de oficinas municipales de información al consumidor, no sólo para usuarios de servicios financieros, sino también de telefonía, servicios sanitarios y, en general, de productos de gran consumo. 5. Editar publicaciones de distribución gratuita, o de bajo costo para el consumidor, en el que aparezcan ofertas comparativas de costos reales de productos y servicios financieros, seguros, etc. (Administraciones Públicas). 6. Patrocinar talleres de finanzas personales, gratuitos o de bajo costo (Administraciones Públicas). 7. Incluir asignaturas sobre administración del presupuesto familiar entre las materias obligatorias de educación secundaria. MEDIDAS REACTIVAS: 1. Creación de un procedimiento concursal familiar, que permita acogerse a sus beneficios no sólo a las personas naturales que desarrollen actividades empresariales, sino también a los trabajadores por cuenta ajena. Debería paralizarse el devengo de intereses de las deudas, así como cualquier embargo de bienes (incluidos inmuebles), durante un periodo mínimo de 12 meses. Los servicios profesionales que se requieran por parte del deudor, deberían ser subvencionados, total o parcialmente (según el nivel de ingresos familiares), por el Estado. 2. Facilitar la refinanciación de deudas, mediante la concesión de garantías parciales de las Administraciones Públicas a las entidades de crédito. Considerando que el deseo de éstas es recuperar su dinero, deberían estar dispuestas a renegociar deudas (antes que a ejecutar embargos de bienes) siempre que se les ofrezca un plan de pagos que les merezca credibilidad. 3. Subvencionar la contratación, por parte del consumidor, de profesionales independientes (sin ningún tipo de vinculación con entidades financieras) para que renegocien ventajosamente sus deudas actuales, y le orienten sobre como manejar sus finanzas personales en el futuro. Lamentablemente, muchos ciudadanos se encuentran ya en una situación de atraso en los pagos que ha deteriorado, si no destruido totalmente, su “calidad como sujeto de crédito”. A estos ciudadanos, sólo cabe aconsejarles que no desistan en el empeño de regularizar su situación. El deseo de las entidades financieras es recuperar el dinero prestado. Siempre que se les ofrezcan garantías de recobro y un plan de pagos rigurosamente estudiado y que tenga la suficiente credibilidad, estarán dispuestas a negociar, antes que proceder al embargo de bienes (por lo general). Además, es conveniente que el consumidor sepa que, transcurrido un tiempo determinado desde que se iniciaron los impagos, los bancos acostumbran a “vender” a terceras personas, con importantes descuentos, los créditos dudosos. Antes de que llegue ese momento, debe intentarse negociar con ellos, personalmente o asesorado por profesionales independientes, para “compartir” con el banco el ahorro que obtendría si llega a evitarse la venta del crédito.